Ante la emergencia nacional desatada por el COVID-19, nuestra responsabilidad ciudadana es acatar las disposiciones del Gobierno de la República y del Ministerio de Salud. El gran reto es evitar que colapse el sistema de salud, incluyendo las unidades de cuidados intensivos, por la aparición de un número alto de casos en un espacio corto de tiempo, como sucedió en España, Italia y Nueva York.
La información con la que se cuenta es clara que lo que disminuye la transmisión del virus y “aplana la curva de casos” es el seguimiento estricto de las medidas recomendadas y ya por todos conocidas: distanciamiento social (al menos 2 metros al interactuar con otras personas), lavado e higienización frecuente de manos, técnica correcta al estornudar y toser. También ha quedado claro que existe beneficio en la utilización de cubrebocas de cualquier tipo en la población general, especialmente porque esto disminuye la transmisión del virus de alguien que aún no ha sido diagnosticado a otros.
Una de los aspectos más importantes es mantener al personal de salud sano para que puedan atender a la población. Esto es un elemento fundamental, ya que son los que se encuentran en el frente de batalla. Por ello es muy importante proveer y asegurar el adecuado abastecimiento de todos los equipos de protección personal necesarios para todo el personal de salud del país.
Somos conscientes de la grave repercusión económica que esta pandemia y las medidas tomadas han tenido para un grupo grande de la población del país, por ello consideramos que es fundamental que se articule un grupo de expertos científicos, economistas, planificadores y otros, con la finalidad de establecer lo antes posible estrategias para ayudar a los más afectados y planear la mejor y más rápida recuperación posible de la economía.